Tras más de un año de la entrada en vigor de la Ley de Protección de los Derechos y Bienestar de los Animales, varios aspectos fundamentales de la normativa, como el curso obligatorio para la tenencia de perros y el seguro de responsabilidad civil, siguen sin aplicarse. Estas medidas están a la espera del desarrollo del reglamento correspondiente, cuyo proceso está previsto para concluir en 2025, según ha informado el Gobierno.
Aunque la ley entró en vigor el 29 de septiembre de 2023, se implementó de manera parcial debido a la necesidad de tiempo para regular ciertos aspectos, algo que se vio afectado por el adelanto electoral. Las fuentes gubernamentales han indicado que la fase de exposición y audiencia pública del real decreto se iniciará en los próximos meses, con la inclusión de los comentarios de las comunidades autónomas en un texto borrador.
La ley, que busca evitar el maltrato y el abandono de animales, establece una serie de obligaciones para los dueños de mascotas, además de imponer sanciones económicas de hasta 200.000 euros para quienes incumplan las normas. Entre sus prohibiciones más destacadas están la venta de mascotas en tiendas (solo podrán ser comercializadas por criadores) y la prohibición de dejar a los perros solos por más de 24 horas o someter a los animales a trabajos excesivos o espectáculos públicos.
En relación con los perros, los propietarios deberán acreditar un curso de formación sobre tenencia responsable que, aunque gratuito y con validez indefinida, aún espera su regulación. Asimismo, se encuentra pendiente de establecerse el seguro de responsabilidad civil obligatorio, que debe contratarse y mantenerse en vigor durante toda la vida del animal, sin importar su raza. La cuantía del seguro y los detalles sobre los gastos por daños a terceros se determinarán por reglamento.
Una de las novedades de la ley es la introducción del concepto de “listado positivo” de animales de compañía, que especificará las especies que podrán ser tenidas y comercializadas como mascotas, priorizando la seguridad de las personas. El Gobierno tiene hasta septiembre de 2025 para aprobar el reglamento que desarrollará este listado, incluyendo mamíferos silvestres y, en un plazo de 30 meses, otras especies como aves, reptiles y peces.